Muchos son los aspectos
que se discuten con relación a las leyes educativas: su excesivo número, la
falta de un consenso nacional, los métodos de evaluación, la edad de la
educación obligatoria, la inclusión y la exclusión de unas y otras asignaturas…
Pero, a mi juicio, no se plantea la cuestión fundamental: la legitimidad de los
gobiernos para imponer un currículo cerrado, esto es, un plan de estudios
completo, sin margen de libertad para padres, profesores y alumnos.
Cualquier
modelo educativo es discutible, ninguno es perfecto; cada uno responde,
lógicamente, a las más variadas concepciones antropológicas. Dichos paradigmas
han de ser más objeto de debate de foros científicos y académicos que
imposiciones gubernamentales o parlamentarias. Pues si toda ley educativa parte
de unos presupuestos pedagógicos particulares, ¿por qué han de implantarse de
forma monolítica? ¿Porque el Gobierno y el parlamento han salido de las urnas?
Las elecciones no cohonestan una completa reglamentación de los planes de estudios,
decretados desde el vértice de la pirámide estatal.
El
principal abuso de poder se produce, a mi parecer, al establecer las leyes educativas
este currículo cerrado del que venimos hablando: el currículo que cada ministro
de Educación, asesorado por unos determinados pedagogos, se ve en la necesidad
de componer. Una ley decide que no haya ningún latín obligatorio; otra, que
suban las matemáticas; aquella, que baje la filosofía… como si el contenido de los
planes fuera patrimonio exclusivo de las inteligencias de sus señorías, reservando
a las familias y a los profesores la función de ejecutores de sus dictados.
¿Por qué padres, profesores y alumnos no pueden participar en la confección de
su currículo? ¿No significa democracia, ante todo, participación?
El
Estado ha de intervenir como garante del derecho y deber fundamentales a la
educación. Pero intervenir no es sustituir, suplantar, imponer, cerrar,
invadir. El Estado mantiene una red de centros de enseñanza y concierta otros
–unos y otros con los impuestos de los ciudadanos- y vela por que todos los niños
y jóvenes se beneficien, al menos, de la enseñanza obligatoria. Parece
razonable que el Estado posea una cuota en la configuración del itinerario académico
de las etapas primaria y media: pero un porcentaje, quizá el 50%, pero no la
totalidad del currículo.
Padres,
profesores y alumnos, familias y centros educativos han de poseer un margen
para elegir lo que quieren ser, lo que quieren saber, lo que quieren hacer. Un
centro puede decidir que la educación física sea una materia transversal, o la
música, o el latín. Un centro puede decidir que el teatro, o la danza, o las
artes marciales formen parte de su currículo, porque entiendan que
psicomotricidad, música y defensa personal son aspectos esenciales en la
formación de sus alumnos. Una escuela puede apostar por la formación
lingüística, hacer del latín una materia basilar que, entre otras cosas,
facilite a los hispanos comprender que gallego, castellano y catalán son ramas
de un mismo tronco. ¿Por qué una escuela de cualquier lugar de España no puede impartir
a todos sus alumnos gallego, castellano y catalán? ¿No cabe incluir el vasco,
que posee múltiples préstamos latinos y que a su vez ha influido en las
restantes lenguas hispánicas? ¿Por qué un colegio no puede recoger el guante lanzado
por Platón y hacer de la gimnasia y de la música materias troncales de su plan
de estudios?
La
LOMCE acaba de imponer otro currículo cerrado; la oposición anuncia que, si
logra una mayoría suficiente, revocará la LOMCE e impondrá, a su vez, otro
currículo cerrado como los de la LOE o la LOGSE.
No es razonable que los
políticos limiten derechos de padres, profesores y alumnos impidiéndoles participar
en el diseño de su proyecto vital y profesional. Hay que combatir los
currículos cerrados y desalojarlos de las leyes educativas. La identidad
personal, familiar, profesional y escolar ha de poseer su espacio y reflejarse
en cada centro educativo.
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